Valorando la transparencia, responsabilidad y seguridad en la gestión, el Grupo Finerge asume su compromiso en la adopción de las mejores prácticas de gobernanza para promover el equilibrio y la comunicación saludable y útil, en particular, por quienes toman decisiones sobre riesgos para el negocio y para la sociedad.
Siendo la ética un elemento central de la cultura organizacional del Grupo, presente en todas sus áreas de actuación y en la interacción con sus stakeholders, el Grupo Finerge pauta su actuación de acuerdo con los estándares corporativos de ética y transparencia, guiándose por las mejores prácticas de Corporate Governance.
El Código de Ética y Conducta de Finerge y el Código de Conducta de los Proveedores establecen un conjunto de principios y reglas que rigen las relaciones internas y externas del Grupo Finerge con sus stakeholders, comprometiendo a las personas, entidades o grupos que puedan afectar o ser afectados por las actividades del Grupo Finerge, incluyendo sus colaboradores, miembros de sus órganos sociales, accionistas, proveedores, socios de negocio y clientes, competidores, autoridades públicas y de regulación, y la sociedad en general.
El Grupo Finerge considera el reporte interno de infracciones como el cumplimiento de un deber de cuidado y de ética profesional, poniendo a disposición el Canal de Denuncias, instalado y operado de forma segura, para reportar situaciones de mala conducta que puedan efectivamente afectar la relación contractual y/o comercial entre el Grupo Finerge y sus trabajadores o sus proveedores y terceros con quienes se relacione directamente, según los términos y el procedimiento de la Política de Denuncias Internas, disponible en este sitio web. El Canal de Denuncias garantiza la confidencialidad de la identidad y la protección de los denunciantes.
Cualquier denuncia interna será recibida y tratada por la Comisión de Auditoría, que asume el compromiso y responsabilidad de analizar y dar seguimiento a cualquier comunicación o denuncia con diligencia y seriedad, de asegurar un tratamiento adecuado y justo de las denuncias recibidas, y de garantizar la necesaria confidencialidad de las mismas.